La opinión pública brasileña fue conmovida por el perturbador «Caso Sofía» en el que una niña de 2 años fue asesinada luego de ser maltratada y violada por su padrastro y mamá. El padre de la niña denunció los maltratos pero ni la justicia ni los servicios sociales actuaron como se esperaría.

Sofía de Jesús Ocampo, de 2 años, fue asesinada y violada el 26 de enero. Su madre y padrastro, Stephanie de Jesus Da Silva y Christian Campoçano Leitheim, están en prisión preventiva por homicidio agravado y violación en persona vulnerable.

La autopsia sobre el cuerpo de la niña confirmó que la causa de la muerte fue un traumatismo en la columna cervical y que la niña fue violada.

Intentaron ocultar el crimen culpando a la niña

Según la jefa de policía Anne Karine Trevisan, la madre dijo que la niña se había sentido enferma, tenía el estómago hinchado debido a haber comido demasiada mayonesa. La pareja también trató de encubrir la muerte cuando se violó la confidencialidad telefónica y se descubrió que ambos conocían las implicaciones de la muerte y trataban de crear una historia para contar a la policía.

La lucha del Papá para recuperar a la niña:

El padre de la niña, Jean Carlos Ocampo, realizó denuncias por malos tratos y buscó obtener la custodia en múltiples ocasiones durante el año pasado. La abogada Janice Andrade argumenta que hubo una «omisión sistémica» por parte de las autoridades que recibieron varios pedidos de ayuda y podrían haber evitado la muerte de la niña. La casa donde vivía la niña estaba llena de cajas de cigarros y botellas de licor.

ean Carlos, se encuentra en una relación homosexual luego de separarse de la mamá de la niña, lo que ha llevado a levantar sospechas relativas a que la renuencia a otorgársele la custodia de la niña tuviera que ver con esto.

Omisiones del consejo tutelar:

El padre de la niña buscó ayuda denunciando que su hija estaba sufriendo de hambre y violencia por parte de su pareja frente al consejo tutelar. Los equipos de asistentes sociales acudieron a la residencia, pero no encontraron evidencia de maltrato durante su visita a pesar del contexto en el que se encontraba. Los asistentes sociales del consejo tutelar justifican su decisión alegando que la niña parecía bien alimentada y no presentaba moretones.

Si el Consejo Tutelar hubiera notado algún signo de violencia, podría haber pedido seguridad y asistencia para el bebé. En este caso, parece que no se llevaron a cabo medidas adicionales para proteger a la niña.

Omisiones de los médicos y servicios de salud:

La Secretaría Municipal de Salud (Sesau) de Campo Grande está investigando si hubo negligencia, ya que la niña fue atendida 30 veces antes de fallecer; se recabará información para enviarla a la Justicia y Policía Civil. Según el secretario Sandro Benites, en caso de sospecha de abuso, el médico tiene la obligación de comunicar a los órganos competentes.

La actuación de la policía:

El padre de la niña denunció maltrato el 22 de noviembre de 2022 ante la policía narrando sus sospechas de abuso en la casa de la madre. La policía alega que no desplegó medidas de protección urgentes porque el padre no las solicitó.

Se programó un examen forense, pero la madre no llevó a la niña al médico forense para realizarlo. La policía presentó una declaración detallada de ocurrencia el 20 de diciembre de 2022.

Ausencia de políticas de prevención del abuso infantil en familias reconstituidas:

La literatura científica comparativa entre la incidencia del abuso infantil en familias intactas (con padre y madre presentes) y reconstituidas (con madrastra o padrastro) muestra que los niños corren un riesgo de abuso y negligencia sustantivamente mayor en familias reconstituidas en comparación con los niños en familias intactas.

Esto puede deberse a la complejidad emocional y psicológica que puede surgir en este tipo de familias, como conflictos de lealtad, celos y rivalidad entre los miembros de la familia.

Despiertamedia consulto por qué no hay políticas especiales para prevenir el abuso infantil entonces en familias reconstituidas a un psicólogo especialista en el tema, su respuesta fue que:

«Es muy poco común que este factor se tome en cuenta en el diseño de políticas sociales o de protección de la infancia. Formalmente debería primar el «interés superior del niño» pero desde hace unos años ha comenzado a privilegiarse la libertad sexual de los adultos incluso por sobre la integridad física y el bienestar general de los niños».

Casos como el de Lucio Dupuy, Milena, y ahora el de Sofía, arrojan luz sobre la indefensión en la que se está dejando a muchos de estos niños y la necesidad de implementar políticas de prevención con apego a la verdad, poniendo su seguridad como prioridad absoluta.

Fuente: El despertador