La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó un histórico pedido al Poder Judicial: que Fuerza Popular sea declarado partido ilegal y eliminado del Registro de Organizaciones Políticas del JNE. La medida se ampara en el artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas, que faculta a la Corte Suprema a cancelar a un partido cuando sus actividades son contrarias a los principios democráticos.
Según Espinoza, Fuerza Popular habría incurrido en prácticas graves y sistemáticas que atentan contra derechos y libertades fundamentales. Entre ellas: promover hostigamiento y amenazas contra jueces, funcionarios, opositores políticos, periodistas y organizaciones civiles; excluir a congresistas por disentir con la línea partidaria; legitimar la violencia como método político; e incluso justificar atentados contra víctimas del conflicto armado interno.
Este pedido abre un capítulo sin precedentes en la política peruana: ¿puede el partido de Keiko Fujimori desaparecer del mapa político por decisión judicial? La pelota está ahora en la cancha del Poder Judicial.
