Eficavip formaliza investigación contra oficiales PNP investigados por muertes y agresiones durante protestas sociales en Junín

Se les imputa los delitos de homicidio calificado y lesiones que habrían ocurrido durante las manifestaciones registradas en Pichanaqui, en diciembre de 2022

El Equipo Especial de Fiscales para Casos con Víctimas Durante las Protestas Sociales (EFICAVIP) formalizó la investigación preparatoria contra Gregorio Villalón Trillo, exjefe de la VI Macro Región Policial Junín; César Chávez Navarro, exjefe de la División Policial de Chanchamayo; y Jonny Vargas Ontón, excomisario de Pichanaqui.

Ellos son investigados como presuntos autores del homicidio calificado de J.W.T.C. (17 años), Diego Armando Galindo Vizcarra y Ronaldo Franly Barra Leiva, ocurridos el 16 de diciembre de 2022. También se les imputa el delito de lesiones graves contra J.J.B.I (16), C.J.H.S. (16), Aldis Charichi Lázaro, Alex Fredy Vilca Del Pino, Rusver Vilca Del Pino, Erick Vargas Chuño, Toni Smit Huanasca Sánchez y lesiones leves en agravio de 14 ciudadanos.

Según la investigación, a cargo de la fiscal Isabelina Román, Villalón Trillo no habría supervisado de manera permanente y eficiente los diferentes niveles de comando; ni coordinado, evaluado, controlado e implementado el suficiente equipamiento, operatividad y ejecución del cumplimiento de las operaciones policiales sobre el uso diferenciado y proporcional de la fuerza con los diferentes niveles de comando, entre otros.

A su vez, Chávez Navarro habría omitido realizar acciones de dirección y monitoreo permanente desde el inicio de la ejecución de las operaciones. Asimismo, habría omitido controlar que las operaciones policiales se ejecutaran conforme al uso diferenciado y proporcional de la fuerza durante las intervenciones, a fin de evitar que se efectúe una acción dolosa y uso excesivo de la fuerza por parte de las diversas unidades especializadas policiales y las Fuerzas Armadas; así como otros hechos.

Vargas Ontón, en tanto, es investigado por presuntamente omitir su función de dirigir y ejecutar las operaciones policiales; así como no disponer y verificar que los agentes policiales participantes recibieran la debida instrucción, dentro del marco de la ley, respecto del concepto general de la operación y disposiciones generales, al igual que el uso diferenciado y proporcional de la fuerza y de las armas de fuego durante el mantenimiento y restablecimiento del orden público, entre otras omisiones.

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