España se prepara para legalizar la eutanasia

El Congreso dará el último paso para la regulación y despenalización de la eutanasia en España este jueves

El Parlamento español debe aprobar finalmente este 18 de marzo una ley que legalizará la eutanasia en el país, uno de los pocos en el mundo que permitirá ayudar a morir a un paciente incurable para evitar su sufrimiento. La legislación, que entrará en vigor en junio tras una moratoria de tres meses, responde a una creciente demanda social.

España será solo el cuarto país europeo que despenaliza la muerte asistida, junto a la pionera Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Portugal la validó en enero, pero la Corte Constitucional pidió revisar la ley antes de promulgarla. En América Latina, solo Colombia permite la eutanasia.

La norma española, una prioridad para el gobierno de izquierda de Pedro Sánchez, autoriza la eutanasia (personal médico administra la sustancia mortal) y el suicidio asistido (la persona se encarga de tomar la dosis prescrita). Varios otros países toleran esta última opción, así como la llamada eutanasia pasiva (la interrupción de tratamientos médicos para mantener la vida).

Estrictas condiciones

La norma en España, que debe ser aprobada el jueves por el Congreso de los Diputados con el apoyo de la izquierda y el centro, permitirá a toda persona con “enfermedad grave e incurable” o padecimiento “crónico e imposibilitante” solicitar ayuda para morir y así evitarse “un sufrimiento intolerable”.

De todas maneras, se imponen estrictas condiciones, como que la persona, de nacionalidad española o residente legal, sea “capaz y consciente” al hacer la petición. Esta debe formularse por escrito “sin presión externa” y ser repetida quince días más tarde.

El médico siempre podrá rechazarla si considera que no se cumplen los requisitos. Además, debe ser aprobada por otro médico y recibir luz verde de una Comisión de Evaluación.

Y cualquier profesional de la salud puede alegar “objeción de conciencia” para negarse a participar en el procedimiento, costeado por la sanidad pública. Esta regulación ha sido recibida con júbilo por organizaciones que defienden el derecho a morir dignamente y pacientes que agradecen tener la opción disponible.

“No tiene ningún sentido que la gente (…) tenga que optar por una vida indigna”, dijo a la AFP en Barcelona Sofía Malagón, una colombiana de 60 años enferma de párkinson. “No quiero que me tengan allí como una planta” llegado el momento, afirmó.

 

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