El organismo encargado de defender los derechos fundamentales de la persona y la comunidad, advirtió que las empresas distribuidoras de electricidad, sospechosamente están emitiendo recibos elevados a usuarios de comercios que se mantuvieron cerrados e inclusive a domicilios deshabitados por consumos que no se realizaron.

Tras considerar necesaria la revisión general de las facturaciones de marzo a junio bajo una adecuada supervisión del organismo regulador, la Defensoría del Pueblo sostuvo que el Ejecutivo, y en especial Osinergmin, debe coordinar con las empresas que forman parte del sector eléctrico, para una solución viable y efectiva a los problemas en las facturaciones del servicio de electricidad emitidas durante el estado de emergencia decretado para mitigar el avance del nuevo coronavirus.

“Sobre el particular, existen numerosos casos que demuestran deficiencias en las facturaciones por un mal cálculo de los promedios de consumo o lecturas mal realizadas por las empresas”, señala el pronunciamiento- donde la Defensoría también detalla que durante la cuarentena, las 23 empresas eléctricas que prestan el servicio a más de 7 millones 500 mil usuarios, han empleado diferentes modalidades de facturación (promedio de consumos de las últimas 6 facturaciones emitidas antes del mes de marzo, lecturas de medidores e inclusive una combinación de ambas), lo cual derivó en errores en el cálculo de las facturas que no han sido corregidos por el Osinergmin.

“Aplicar a estas facturaciones el fraccionamiento de deuda o el bono de electricidad, implicaría obligar al pago de un consumo que no se realizó”, se agrega el pronunciamiento donde se advierte que las empresas distribuidoras de electricidad están emitiendo recibos elevados a usuarios de comercios que se mantuvieron cerrados e inclusive a domicilios deshabitados por consumos que no se realizaron.